La Subcomisión de Derechos Humanos del parlamento canadiense ha aprobado una proposición de ley muy sentida, en la que exige la puesta en libertad inmediata de los siete líderes bahá’ís detenidos ahora hace más de nueve meses bajo ninguna acusación formal ni acceso a su abogada. La proposición no de ley fue adoptada el 24 de febrero, y en una sesión pública el 26 de febrero, el comité resolvió mediante votación enviar la proposición a la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional. La directora de Asuntos Externos de la comunidad bahá’í de Canadá, Susanne Tamas, y el profesor de derecho McGill, Payam Akhavan, comparecieron el jueves 26 ante la comisión.

A lo largo de las últimas dos semanas, las comunidades bahá’ís de Canadá han organizado reuniones devocionales para orar por la seguridad de los bahá’ís encarcelados en Evin, acusados, según el fiscal adjunto de Teherán, de “espionaje para Israel, injurias al carácter sagrado del Islam y propaganda contra la República Islámica.” La falsedad de los cargos ha suscitado protestas públicas en todo el mundo, que han incluido declaraciones de parlamentarios canadienses, de su Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Unión Europea, de los gobiernos de Australia y Estados Unidos, de muchas organizaciones de derechos humanos y de personas destacadas.

Las reuniones de oración en las grandes ciudades de Canadá fueron convocadas en pocas horas de boca en boca cuando se supo que el caso de los prisioneros llegará pronto ante los tristemente conocidos Tribunales Revolucionarios de Irán. Éstas empezaron en ciudades como Toronto, Vancouver y Ottawa la semana pasada, a las que siguieron otras en diferentes comunidades reuniendo un gran número de personas en Montreal el jueves por la tarde, donde, tal como sucedió en otros encuentros, varios representantes de diversas comunidades religiosas expresaron su apoyo a los bahá’ís, quienes se enfrentan a una situación cada vez más grave en Irán.

La amenaza de ejecución de los siete bahá’ís, con los cargos mencionados imputados por el Tribunal Revolucionario, tiene lugar en el contexto de una campaña cada vez más intensa de ataques contra la comunidad bahá’í. Esta campaña incluye la circulación de listas de bahá’ís con la orden de que las actividades de los miembros de la comunidad sean vigiladas en secreto; redadas de madrugada en casa de bahá’ís y confiscación de objetos personales; un aumento considerable del número de bahá’ís detenidos; la instigación al odio hacia los bahá’ís a través de los medios de comunicación gubernamentales; seminarios contra los bahá’ís organizados por clérigos, seguidos de ataques coordinados a casas y propiedades bahá’ís; la destrucción de cementerios bahá’ís; la demolición de Lugares Sagrados bahá’ís; incendios provocados en casas y propiedades bahá’ís; la denegación de acceso a la educación superior y el vilipendio a niños bahá’ís en la escuela; la designación de oficios y empleos en los que los bahá’ís no pueden trabajar; la negativa a extenderles préstamos bancarios; la venta de sus tiendas; la denegación a expedir o renovar contratos de trabajo; y las amenazas a todo musulmán que se relacione con ellos.

Proposición no de ley

Mario Silva

24 de febrero de 2009

Por cuanto la Cámara de los Comunes reconoce que el 14 de mayo del 2008, seis miembros de un grupo informal conocido como los Amigos de Irán, quienes atienden a las necesidades de la comunidad bahá’í de Irán, fueron detenidos y llevados a la sección de presos políticos de la prisión Evin de Teherán, donde se encuentran ya se encontraba encarcelada la séptima miembro, tras su arresto en Mashhad en marzo del 2008.

Y por cuanto la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sacó a la luz, en octubre del 2005, una carta confidencial del Cuartel General de Mando de las Fuerzas Armadas de Irán, en la que se ordena identificar y vigilar a todos los bahá’ís y sus actividades.

Y por cuanto la Relatora Especial para la Libertad de Religión y Creencia, de las Naciones Unidas, afirmó, el 20 de marzo del 2006, que “también siente preocupación por el hecho de que la información reunida como resultado de esta intensa vigilancia es la causa del aumento de la persecución de y discriminación contra los miembros de la Fe bahá’í, violando así las normas internacionales…”. La Relatora Especial está preocupada ya que los últimos casos de persecución indican que la situación de las minorías en Irán está, de hecho, en deterioro.

Y por cuanto la comunidad bahá’í de Canadá está sumamente preocupada por la seguridad de estos siete bahá’ís que han permanecido detenidos bajo ninguna acusación formal ni han tenido acceso a asesoramiento legal, ni se han presentado pruebas en su contra y han sido sometidos a un duro trato y a interrogatorios, junto con visitas por parte de sus familias muy limitadas durante más de nueve meses.

Y por cuanto la Premio Nobel Shirín Ebadí, desde que anunció su intención de defender a los bahá’ís en el juicio, ha sido hostigada y sus oficinas, cerradas.

Y por cuanto el Fiscal General adjunto ha anunciado que estos prisioneros serán juzgados por el Tribunal Revolucionario, bajo cargos de “espionaje para Israel, injurias al carácter sagrado del Islam y propaganda contra el Régimen”, siendo todos ellos delitos capitales.

Y por cuanto que las autoridades iraníes lanzan habitualmente semejantes acusaciones contra defensores de derechos humanos y minorías religiosas, y que no hay nada en la historia o enseñanzas de la comunidad bahá’í que dé crédito a tales cargos.

Y en vista de que estas detenciones han tenido lugar en el contexto de un aumento considerable de arrestos arbitrarios, redadas en hogares, expulsión de estudiantes universitarios, acoso a niños en sus escuelas, destrucción de cementerios, virulentos ataques a través de medios de comunicación controlados por el Gobierno,

Por consiguiente, se resuelve que esta Cámara condene la constante persecución a la que ha estado sometida la minoría bahá’í de Irán, y llama al Gobierno de Irán a que reconsidere los cargos impuestos a los miembros de los Amigos de Irán, y les ponga en libertad de forma inmediata o que, en su defecto, proceda a su juicio sin más dilación, garantizando que el proceso será abierto y justo y que será dirigido en presencia de observadores internacionales.

[Fuente: http://www.bahainews.ca/en/090227-iran]

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