Uno de los máximos responsables de la diplomacia británica, Bill Rammell, hizo público ayer un comunicado en el que expresaba su preocupación ante el inminente juicio de los siete líderes bahá’ís de Irán.

Estoy sumamente preocupado ante la noticia de que los siete miembros de la comunidad bahá’í iraní, en prisión desde marzo y mayo de 2008, han sido acusados de espiar para Israel, de “injurias a la santidad del Islam” y de hacer “propaganda contra el régimen”, cargos que podrían acarrear la pena de muerte para los encarcelados.

El gobierno iraní parece utilizar con mayor frecuencia acusaciones de esta naturaleza, formuladas de forma imprecisa, para atacar a defensores de los derechos humanos y a minorías religiosas. No es difícil llegar a la conclusión de que estas personas están detenidas tan sólo a causa de sus creencias religiosas o por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y asociación.

Los siete bahá’ís han tenido que esperar más de ocho meses para conocer las acusaciones que pesan sobre ellos. No han tenido acceso a ningún abogado, ni su abogada a sus expedientes judiciales. Por todo ello, es difícil pensar que se celebrará un juicio justo.

Además, hemos recibido alarmantes informes sobre la discriminación sistemática y el hostigamiento a los que están siendo sometidos los bahá’ís a causa de su religión.

Todo esto tiene lugar en el marco de un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Irán a lo largo de los últimos años, que se ha traducido en una ofensiva cada vez más agresiva contra los defensores de los derechos humanos y los activistas de las minorías religiosas, y en una brusca subida en el número de casos de condenas a muerte (el año pasado tuvieron lugar más de 300 ejecuciones, ocho de ellas de menores).

La Unión Europea ha exigido al gobierno iraní en varias ocasiones que ponga en libertad a los siete detenidos de forma inmediata. Ahora, después de ser acusados, lo mínimo que puede hacer el gobierno es garantizar que se celebre un juicio justo, transparente y abierto a observadores independientes.

Irán debería, además, respetar y defender el derecho a adoptar y practicar una religión de elección propia, y poner fin a la discriminación de la comunidad bahá’í.

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