El Departamento de Estado de EEUU ha hecho público su informe anual de derechos humanos sobre Irán. Iran Press Watch se complace de compartir extractos relevantes sobre la situación de la Fe Bahá’í. Se puede descargar el informe completo [en inglés] en: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119115.htm.

“Los seguidores de la Fe Bahá’í han seguido enfrentándose a arrestos y detenciones arbitrarios. En marzo y mayo los agentes de inteligencia arrestaron a siete miembros del cuerpo nacional de líderes bahá’ís, quienes han permanecido incomunicados. El 26 de noviembre, las autoridades extendieron el periodo de detención de los siete dos meses más. A finales de año, todavía no se habían formulado las acusaciones contra el grupo.

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La constitución permite que el gobierno confisque los bienes que hayan sido adquiridos de forma ilícita o en violación de la ley islámica. El informe UNSR sobre viviendas adecuadas observaba que las minorías religiosas, incluidos los miembros de la Fe bahá’í, son blancos habituales. El informe de 2006 del Relator Especial de la ONU para la Vivienda señalaba que “el uso abusivo (de la ley) es considerado como un instrumento para confiscar las propiedades de los individuos en represalia por sus creencias políticas o religiosas”. El informe aludía  a casos documentados de al menos 640 propiedades bahá’ís confiscadas desde 1980, ejemplos de muchos casos indocumentados y veredictos judiciales en los que se declara que la confiscación de la propiedad de la “maligna secta de los bahá’í” es legal y religiosamente justificable. Los derechos de los miembros de la Fe bahá’í no se reconocían en la constitución y no tenían posibilidad alguna de demandar la restitución o  indemnización alguna por las propiedades confiscadas.

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La constitución declara que el Islam Chií es la religión del estado y que todas las leyes y reglamentos deben estar basadas en el criterio islámico. La constitución también protege otras confesiones islámicas, el Zoroastrianismo, el Cristianismo y el Judaísmo; sin embargo, el gobierno ha restringido severamente la libertad de práctica religiosa, particularmente la Fe bahá’í.

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El gobierno ha continuado reprimiendo a los bahá’ís e impidiéndoles practicar su religión al cerrar sus lugares de adoración. Los ha excluido de los puestos de liderazgo del gobierno y del ejército, del sistema de pensiones sociales y de las escuelas y universidades públicas, a no ser que disimulasen su fe. Los tribunales también ha denegado a los bahá’ís el derecho a heredar propiedades y a reconocer las bodas y los divorcios bahá’ís. De acuerdo a la ley, la sangre bahá’í se considera “mobah”, lo que significa que se puede matar a un bahá’í con impunidad. El gobierno ha presionado repetidamente a los bahá’ís para querenuncien a sus creencias religiosas a cambio de dejar de maltratarlos.

Según distintos grupos de derechos humanos, los siete miembros del cuerpo nacional de líderes bahá’ís y un total de al menos 40 bahá’ís se encontraban en prisión a final de año. El 28 de diciembre, las autoridades de la isla de Kish arrestaron e interrogaron a Faegheh Rafieie y a ocho de sus familiares, incluidos varios menores, por haber hablado de su fe bahá’í con un comerciante. Las autoridades liberaron a algunos miembros del grupo al día siguiente, pero retuvieron a otros durante dos o tres días más.

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Con la excepción de los bahá’ís, el gobierno ha permitido que las minorías religiosas reconocidas eduquen en su religión a sus fieles, aunque ha restringido este derecho considerablemente en varios casos. La ley requería que todos los estudiantes musulmanes siguiesen cursos sobre el Islam.

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Aunque un varón se puede casar a los 15 años sin consentimiento paterno, la ley establece que las mujeres vírgenes necesitan el consentimiento de su padre, o su abuelo para casarse, o el permiso de un tribunal, incluso si es mayor de 18 años. La ley islámica del país permite que un hombre tenga hasta cuatro esposas y un número ilimitado de sigheh, basándose en una costumbre chií según la cual una mujer puede pasar a ser la esposa de un hombre musulmán por medio de una ceremonia religiosa simple y un contrato civil en el que se describen las condiciones del enlace. Esas mujeres no tienen garantizados los derechos del matrimonio tradicional. El gobierno no reconoce matrimonios entre mujeres musulmanas y hombres no musulmanes, ni los matrimonios bahá’ís.”

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